Los ejecutivos logran en 2009 el mayor aumento entre todas las categorías

“Los de 2008 y 2009 han quedado en la retina como dos años negros para la economía española. En el primero, España entró en crisis y acabó en recesión, y en el segundo, la depresión se agravó hasta elevar este retroceso al más grave de la democracia. Pero el trance no ha pasado igual por todos los bolsillos: mientras el sueldo medio de los directivos creció una media del 4,5% en 2009, hasta los 63.150 euros -el mayor incremento de todas las categorías-, el del empleado medio mejoró menos, un 2,9% (22.511 euros). Y el de los peones, el puesto peor remunerado, prácticamente se estancó en los 15.343 euros (un 0,1% más). La brecha salarial entre los españoles, en definitiva, ha crecido con la crisis.

La encuesta de estructura salarial, cuya última entrega hizo pública ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE), es la foto más completa de los jornales de los españoles. Los directivos de Administraciones públicas o empresas de más de 10 empleados, los mejor remunerados, ganan en bruto al año casi tres veces lo que el trabajador medio y cuatro veces lo que los empleados de la categoría más baja, la compuesta por los peones de la agricultura, pesca o construcción. La brecha ha crecido alrededor de 38 puntos desde 1995, cuando comenzó esta serie. En aquel año, el sueldo de la categoría de directivos era el 142% de la media y ahora es el 181%, aunque ha habido altibajos en la evolución, incluido un estrechamiento de la diferencia en 2008.

En pleno debate sobre la necesidad de vincular salarios a productividad en España, la estadística refleja una mejora salarial media superior a la inflación durante lo más duro de la crisis. Pero la subida se debe, en buena parte, a que la gran destrucción de empleo se produjo entre empleados temporales, peor pagados, y también entre los peones del sector de la construcción, el sueldo más bajo de la escala. “El impacto de la crisis ha sido asimétrico y eso tiene un efecto también asimétrico [en el mapa salarial]“, resume Xavier Segura, jefe del Servicio de Estudios de Catalunya Caixa.

La desigualdad se palpa en España a través de otros datos, como la proporción de trabajadores con la ganancia más magra (no llega a 12.545 euros, dos tercios de la mediana), que son el 18% del total, unas décimas más que en 2008 (17,6%). En este grupo peor pagado hay un 64% de mujeres, algo más que el año anterior.

Porque la distancia entre lo que ganan hombres y mujeres no ha retrocedido en España. Ellos obtienen una media de 25.001 euros y ellas 19.502. Es decir, que el salario medio femenino es el 78% del masculino, una décima más baja que el año anterior (véase cuadro). La diferencia se reduce si se consideran situaciones similares en tipo de contrato, de jornada, ocupación o antigüedad, pero hay más hombres entre los mejor situados. El 15,2% de las mujeres tuvo ingresos salariales menores o iguales que el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2009, frente al 5,6% de los hombres. Y, al revés, el 9,81% de los hombres presentaron unos ingresos cinco veces superiores al SMI, frente al 4,77% de las mujeres.

Los datos confirman otras constantes del mercado laboral, a saber: los jóvenes cobran menos que los mayores, los nuevos en una empresa menos que los antiguos y los temporales menos que los fijos (un 30%).

El salario más común entre los españoles, en cualquier caso, queda en 15.500 euros, el del mileurista. Y el malestar de los jóvenes, ese ingrediente que más ha encendido las protestas de los indignados o 15-M tiene también su colchón estadístico: el único grupo con edad de trabajar en el que hubo una bajada media de los salarios fue entre los empleados menores de 25 años: mermó un 3,4% para los de menos de 20 años y un 3,8% de 25 a 29 años.

En la distribución salarial figuran, además, muchos más trabajadores en los valores bajos que en los sueldos más elevados, lo que da lugar a que el salario medio sea superior tanto al salario mediano como al más frecuente. El salario mediano (el que divide al número de trabajadores en dos partes iguales, los que tienen un salario superior y los que tienen un salario inferior) se situó en 18.817,89 euros.

Si uno busca respuestas por sector de actividad, los mejores salarios se encuentran en las compañías eléctricas, con 50.536 euros, seguida de la banca (41.863), y los peores en la hostelería (13.996 euros). La brecha entre territorios se ha mantenido prácticamente estable, con el sueldo más alto en el País Vasco (26.162,45 euros, un 2,4% más) y el más bajo en Canarias (18.926, un 2,5% más).

La elaboración de la encuesta de estructura salarial lleva su tiempo y habrá que esperar para saber qué ocurrió en 2010, el año que empezó esa salida del túnel que parece no culminar jamás y que España empezó a sufrir en sus carnes -o sus bonos-, la crisis de deuda soberana.

Sí hay una última hora para los costes salariales (salario base, complementos salariales, pagos por horas extraordinarias, pagos extraordinarios y pagos atrasados, medidos en términos brutos), que aumentaron un 1,0% en el primer trimestre de 2011, pasaron de 1.802,00 a 1.819,62 euros por trabajador y mes.

Los empleados de estas entidades estan sufriendo en sus puestos de trabajo la fuerza de la crísis financiera. Sobre ellos, con la eliminación de más de 15000 puestos se ha hecho caer la responsabilidad de lo acontecido, mientras un reducidisimo colectivo de Altos Directivos, parece que como siempre van a salir indemnes de la situación, y podrán mantener sus privilegios, mientras otros que no han dispuesto de la misma capacidad de decisión, han de abandonar sus puestos de trabajo.

Espero ahora disponer del tiempo necesario y de la tranquilidad para mantener actulizado este blog.

Gracias a todos los amigos que han estado cerca de mí durante estos meses. Ellos y sobre todo la familia me han permitido continuar.

Es evidente que nada es concluyente en materia de Despido Laboral, y así puede extraerse de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ha confirmado una sentencia del Juzgado de lo Social 4 de Granada, que declaró improcedente el despido a un trabajador que al intuir que iba a ser despedido insultó y agredió a su jefe, empujándole y lanzando patadas de kárate al aire.

En la sentencia, la Sala de lo Social del alto tribunal andaluz considera que la actitud del empleado, directivo de una empresa inmobiliaria, “no reviste la gravedad exigible para constituir causa de despido”.

Entiende el tribunal que hay que “conectar las expresiones que utilizó” el trabajador para referirse a su superior con “la situación y contexto” en el que el que el empleado se encontraba en ese momento.

Los hechos acaecidos en el 2007, cuando al trabajador, director general de Negocio de la inmobiliaria, le fue entregada la carta de despido, en la que la empresa justificaba la decisión en su “continua y voluntaria disminución” del rendimiento en el desempeño de su cargo, lo que consideraba una infracción laboral muy grave susceptible de ser sancionada con el despido.

En el acto de entrega de la carta, el trabajador, al intuir su contenido, “visiblemente alterado y alterando la voz” amenazó e insultó al jefe, al que llamó “cobarde” y “sinvergüenza”, chocó su rostro con el de su superior, empujó a éste hasta que perdió el equilibrio y cayó al suelo y lanzó patadas de kárate al aire.

En una segunda carta remitida al trabajador por burofax al día siguiente, la empresa reforzó su decisión de despedirle al sumar a los motivos anteriores -disminución del rendimiento laboral- la actitud del empleado, que consideró una falta muy grave.

En su día, el responsable de la inmobiliaria denunció en un Juzgado de guardia por la vía de lo penal los insultos e intento de agresión del que fue objeto por parte del trabajador.

Sobre los motivos alegados por la empresa para el despido, la Sala de lo Social de alto tribunal andaluz, ante la que ambas partes presentaron un recurso de suplicación, considera que aunque el hecho de que el trabajador intuyera que iba a ser despedido no justifica su comportamiento, “sí por lo menos atenúa su gravedad”.

Agrega que “sin perjuicio de que el comportamiento del trabajador pudiera resultar acreedor de una sanción”, que en su caso pueda imponerle el empresario, “no es adecuada a tal comportamiento la imposición de la sanción de despido, que es la más grave que existe en el ámbito laboral.

 Y si en este sentido las cosas pueden variar tanto al dar el tribunal una lectura distinta de los hechos, es necesario recordar que la posición de la empresa es, sólo eso, una posición desde una de las partes, y cuando ambos no están de acuerdo y esto es lo habitual en un despido, hab´ra que recurrir y esperar la decisión judicial.

 Para ello quiero recordar la necesidad de contar con asesoramiento sindical y estar encuadrado en alguno de las organizaciones representativas y con estructura y capacidad de defensa jurídica, que no son cualquiera, para que no se de por sentado aquello que siempre puede tener dos caras.

os pone del reves, o no, como podría pronunciar un gallego, y que cada cual tome partido por cualquier opción.

Llegadas estas fiestas, donde todo está permitido, la mueca y la burla son protagonistas de nuestros actos y nos dan rienda suelta para modificar nuestros comportamientos y nuestra vestimenta. Estoy convencido que las apariencias con que nos puedes ver en las imagenes que acompañamos serían impensables en circunstancias normales de nuestra devenir cotidiano, y no quiero ni siquiera pensar como podría ser recibida esta simpar “mujer barbuda” si intentara entablar conversación con un responsable de RRLL de RRHH, o cualquiera de esas largas siglas inteligibles.

Si el año pasado os trasladaba mi alegría por haber alcanzado la victoria en el concurso de disfraces, este año la alegria se queda en  segundo lugar, que es el puesto que hemos alcanzado, no sin alguna que otro disgusto y disputa, pero en definitiva contentos con nuestro trabajo.

El Gobierno ha irrumpido de forma sorpresiva en el debate de las pensiones con la propuesta de retraso obligatorio de la edad de jubilación. Es un error. Es una medida innecesaria y desproporcionada. Transmite desconfianza sobre la viabilidad del sistema de pensiones que no se corresponde con los datos de superávit que este tiene incluso en estos años de crisis.

Es contradictorio que se presenten, hace unos meses, propuestas de reducción de cotizaciones sociales; es decir, de reducción de ingresos para pagar las pensiones y, ahora, se proponga una reducción de gasto en las mismas.

El número creciente de pensionistas y su, felizmente, mayor esperanza de vida, no suponen un problema a corto plazo. Deben ser abordados, en primer lugar, mejorando los ingresos.

Cumplir el acuerdo de separación de fuentes firmado por el Gobierno y dejar de pagar con cargo a cotizaciones los gastos de estructura de la Seguridad Social, son medidas que ya propuestas y que suponen 7.000 millones de euros anuales de ingresos.

El incremento del Salario Mínimo Interprofesional hasta alcanzar el 60% de la media de los salarios, elevaría notablemente la base mínima de cotización. Incrementar la base máxima de cotización y la protección de las personas que cotizan por ella es también una cuestión planteada.

Ambas contribuyen a mejorar también los ingresos del sistema.

Acabar con el fraude en la contratación temporal dando mayor estabilidad a los empleos es también una medida que refuerza los derechos de los trabajadores y la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Los trabajadores somos los más interesados en la fortaleza del sistema de pensiones.

CCOO rechaza el retraso de la edad de jubilación

CCOO, ha sido la única organización que ha suscrito todos los acuerdos en esta materia desde que se aprobó el Pacto de Toledo. Con la misma claridad que ha reafirmado su compromiso, anuncia el rechazo a una medida como esta.

Tras la aprobación de estas propuestas por parte del Gobierno es el turno del Congreso.

Deberíamos confiar en que las conclusiones de la Comisión Parlamentaria se ajusten mejor a las necesidades reales de las pensiones en nuestro país. Tras sus conclusiones será el momento de abordar esta materia en el diálogo social. CCOO lo hará con compromiso, rigor y de forma constructiva.

También con firmeza ante injustificadas propuestas de recorte de derechos.

El Gobierno se equivoca

La propuesta que el Gobierno ha remitido a la Comisión del Pacto de Toledo y a la mesa de diálogo social de retrasar la edad legal de jubilación cuenta con el rechazo inequívoco de CCOO. La edad media de jubilación se viene retrasando de manera efectiva, alcanzando los 63,8 años en el conjunto del sistema y los 63,2 en el Régimen General, aproximándose a la edad legal de acceso a la jubilación a los 65 años. CCOO, que lleva muchos años estudiando la evolución del sistema público de pensiones, cree que existen medidas y margen de actuación adecuados par a seguir avanzando en esa aproximación, de manera efectiva y voluntaria, reforzando e incrementando los incentivos hoy existentes para que aquellas personas que lo desee no precisen retrasar la edad de jubilación. Por ello, CCOO rechaza la propuesta del Gobierno a través de medidas imperativas de retraso de la edad legal de jubilación hasta los 67 años.

Es por eso que me ha parecido muy interesante reproducir la noticia que acompaño, y que no hace sino recordar una vez más, que la misión de los sindicatos es estar junto a los trabajadores, sin olvidar que estos dependen de sus empresas y de su estabilidad para mantener el empleo:

“Toxo plantea aplicar reducciones de jornada para sustituir los EREs temporales

Así mientras Santander y Popular alargarán la jornada diaria de lunes a jueves, BBVA y Sabadell utilizarán la tarde de algunos jueves de octubre a marzo.

Entre los bancos, tan sólo Banesto y Pastor mantienen la política de abrir seis días por semana, aunque se mantienen contactos con los representantes de los trabajadores para cerrar los sábados.

Estos acuerdos son valorados muy positivamente por las entidades bancarias al conseguirse, además de una sustancial reducción de costes, mantener el nivel de servicio a sus clientes, al tiempo que incrementa las posibilidades de conciliar la vida profesional y familiar de sus empleados.

Ahora debería corresponder el turno a las Cajas de Ahorro, donde su convenio colectivo establece las tardes de jueves de octubre a abril como jornada laboral, para reduciendo o eliminando las mismas mejorar la conciliación de la vida profesional y familiar de sus empleados, y reducir unos costes que se van a plantear como muy necesarios en su actual situación económica y en los procesos de fusión en marcha, o por venir.

Para todos mis amigos……..

  A pesar de la existencia de una progresista Ley de Igualdad, y de la obligación de las grandes empresas de disponer de Planes de Igualdad, hoy en España, ser mujer y tener un hijo está reñido con trabajar. Así se desprende del estudio Fecundidad y Trayectoria Laboral de las Mujeres en España, elaborado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que revela que el 75% de las mujeres ha tenido problemas laborales por su maternidad. Y, por lo que concluye el informe, el porcentaje va en aumento. En el trabajo, un encargo del Instituto de la Mujer, han participado 9.737 mujeres de entre 15 y 75 años.

Un 3,7% de las entrevistadas dice haber sido discriminada por su maternidad, cuando trabajaba. En las mujeres más jóvenes, de 20 a 34 años, la proporción sube al 9,6%. También es revelador el hecho de que, a más hijos, más problemas. Un 73% de las mujeres de entre 20 y 34 años los ha sufrido al tener el primer hijo; la cifra asciende a 80,3% y a 83,3% con el segundo y el tercer hijo, respectivamente. La directora del estudio apunta que las más jóvenes “están más expuestas”, porque, a diferencia de las mayores, no dejan de trabajar cuando tienen un hijo. Un 29% de las mujeres que en la actualidad tiene entre 65 y 74 años dejó su puesto al convertirse en madre. En cambio, sólo el 10,1% de las de 20 a 34 años se decantó por esta opción.

“Se ha producido un aumento notable del nivel educativo de las mujeres. Sus expectativas son alcanzar posiciones en su trabajo equiparables a las de los hombres. Pero la sociedad no se ha acomodado a estos cambios y tienen problemas para conciliar”.

Sin promoción laboral

El estudio pone cifras a la realidad que se ve en la calle. Un 20,3% de las mujeres de entre 20 y 34 años ha limitado sus oportunidades de promoción en el trabajo por tener un hijo. La cifra desciende hasta el 11,9% entre las mujeres de 65 a 74 años.

“Ellas consideran que el trabajo les afecta más que a sus parejas. Habría que preguntar a ellos qué opinan”. Según añade la experta, en 1995 se encuestó a los hombres al respecto y estos admitieron que la mujer dedicaba más tiempo a la casa. Se ha avanzado, pero la igualdad aún es lejana. “España no cubre la oferta pública de guarderías, de permisos de maternidad o de reducción de jornada como los países de su entorno “.

CC OO admite la necesidad de una reestructuración del sector de ahorros, que considera “inevitable y deseable”. Y defiende las alianzas de las cajas a través de los SIP o fusiones virtuales, al considerarlas una buena opción para lograr uniones de cajas de distintas comunidades autónomas ante el veto de los gobiernos regionales a que se realicen fusiones interregionales integrales. Pero reconocen el peligro que supone la creación de un SIP con la constitución de un banco, que sería la solos activos y pasivos de las entidades de ahorro. “Si la figura escogida fuera un banco, el riesgo de desnaturalización del modelo de cajas es evidente”, asegura CC OO en su documento. Para evitar esta situación, Comisiones afirma que la integración de cajas se puede realizar mediante una fórmula que “salvaguarde su naturaleza jurídica”. Así, plantea como fórmula adoptar una estructura similar a la utilizada por las cooperativas de crédito, que contempla la figura del grupo cooperativo, “que es perfectamente trasladable a las cajas”. Otra vía es la creación de una asociación de cajas según el modelo de la CECA, que es considerada una entidad de crédito, al mismo nivel que bancos, cajas, cooperativas o establecimientos financieros.

Por ello, el sindicato considera que si esta institución es una asociación de cajas que engloba a 45 entidades de ahorro, “nada impide que esta figura se aplique a agrupaciones de cajas de ámbito más reducido”. Y, por último, proponen la constitución de una nueva caja por un grupo de cajas, que sería la entidad central que no revista las características de una sociedad anónima y preserve la naturaleza jurídica de las cajas.

Así, “si un grupo de cajas domiciliadas en diferentes comunidades autónomas decidiera crear una caja, debería acogerse a la normativa de la comunidad elegida como sede y a la Lorca (Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros). CC OO es contrario a que las fusiones virtuales se articulen a través de un establecimiento financiero de crédito, ya que estas sociedades pueden emitir y conceder créditos, pero no pueden captar depósitos.

Este es el texto integro publicado por Comfia-CCOO:

MOTIVACIÓN DE PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN LEGISLATIVA EN MATERIA DE ALIANZAS DE CAJAS

 Son ampliamente conocidas las perturbaciones que provocaron dificultades para el acceso de las entidades a los mercados financieros y la consecuente restricción de liquidez. Dichas dificultades se agravaron en el caso español por la deuda contraída para financiar el crecimiento de los balances, sobre todo en el periodo 2003-07, y sus plazos de vencimiento; a todo ello se le une la propia dimensión de las entidades que es un elemento que también agudiza las dificultades de acceso a la financiación en mercados mayoristas.

 Las primeras medidas públicas concertadas se dirigieron a garantizar la liquidez y los depósitos, de ahí las medidas adoptadas por el Banco Central Europeo y la subida de las cantidades mínimas de garantías de depósitos acordadas en el seno de la UE.

 En nuestro país, además, se concretaron con la aprobación de medidas específicas en materia de emisiones avaladas por el Estado, creándose el FAAF. Sin embargo, las medidas que han garantizado la liquidez no garantizan por sí mismas la reactivación económica por la vía de la circulación del crédito. Han sido determinantes, eso sí y no es poco, para que no colapsara el sistema de cobros y pagos.

 La crisis económica general y la española en particular amalgama todos los problemas: reducción de la actividad económica, caída de la recaudación fiscal, agravamiento del elevado nivel de endeudamiento de empresas y familias, restricción de la renta disponible por incremento del desempleo, incremento del gasto público… y un largo etcétera que se retroalimenta, entre otros factores, por la restricción del crédito. Y, en este entorno, la disminución del negocio financiero de las entidades así como la mayor exposición a la morosidad amenazan tanto la rentabilidad como la solvencia del sistema financiero.

 Parece pues obvio que medidas encaminadas a recapitalizar el sistema financiero han sido imprescindibles si se pretende que vuelva a funcionar normalizadamente el multiplicador de dinero bancario, esto es, el crédito. En nuestro país se concretó con la aprobación del FROB, que a diferencia de otros países, condiciona las medidas temporales de capitalización de entidades a la adopción de medidas de reestructuración del sistema: aumento del tamaño medio y reducción de número de operadores resultantes.

 A nivel global las mayores exigencias de solvencia al sistema financiero aumentarán en breve, y las medidas del BCE que sostienen la liquidez tienen plazo, de ahí que desde COMFIA-CCOO reclamáramos mayor celeridad en el desarrollo de las medidas que se pueden adoptar en el marco del FROB. Estamos pues ante un problema también tiempo y determinación.

 En el caso concreto de las Cajas de Ahorros, la alta tasa de morosidad y las malas perspectivas de resultados para 2010 generales agudizan las dificultades derivadas del tamaño mediano o pequeño de un importante sector de ellas para aumentar sus recursos propios a los requerimientos actuales y futuros. Así pues la necesidad de una reestructuración es admitida desde hace tiempo como inevitable y deseable; y CCOO la apoya si se realiza enmarcada en la adopción de protocolos laborales que respeten el empleo y el resto de condiciones de trabajo. Además, reiteramos que, las ayudas para esa reestructuración tienen un plazo limitado y las decisiones tienen que ser tomadas a la mayor brevedad.

 Desde hace unos meses, los movimientos entre Cajas hacia la concentración, vía fusión u otras, se vienen sucediendo sin que se acabe de clarificar hacia dónde van. Así, mientras en algunas autonomías se ha escogido la opción de las fusiones intrarregionales, en otras se está optando por la vía de la integración, mediante el Sistema Institucional de Protección (SIP) o caminos similares, ya que las fusiones entre cajas de distintas comunidades autónomas se topan con obstáculos que hoy por hoy se presentan como insalvables.

 En el caso de las autonomías uniprovinciales, la primera elección (la fusión intraterritorial) no existe. Por lo tanto, solo cabrían las de la fusión interterritorial o la integración mediante alianzas con otras Cajas de otras autonomías.

 En el año 2002 la norma estatal que regula los órganos rectores de las Cajas (la LORCA) fue modificada por la de Reforma del Sistema Financiero 44/2002 (Ley Financiera), incluyendo cambios que ya apuntaban a la situación que se está produciendo en estos momentos: aquellos orientados al crecimiento en el tamaño de las Cajas, bien por la vía de las fusiones interterritoriales como por la vía de “alianzas de cajas”. En este sentido, esta última previsión es perfectamente encuadrable con la figura del SIP, que recoge la normativa española por aplicación de directivas europeas posteriores a la entrada en vigor de la Ley Financiera de 2002.

 Así, la LORCA pasó a tener en su artículo 19, un nuevo apartado –el 2- que dice así:

“El Consejo de Administración podrá delegar alguna o algunas de sus facultades de gestión en los órganos de gobierno de las entidades que constituyan y articulen alianzas entre Cajas de Ahorros o los creados al efecto en el seno de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, con la finalidad de reducir los costes operativos de las entidades que la integren, para aumentar su eficiencia sin poner en peligro la competencia en los mercados nacionales o para participar con volumen suficiente en los mercados internacionales de capital. Esta delegación se mantendrá en vigor durante el periodo de la alianza o mientras las entidades no acuerden su modificación mediante el procedimiento que hayan establecido al efecto. Esta delegación no se extenderá al deber de vigilancia de las actividades delegadas ni a las facultades que respecto a las mismas tenga la Comisión de Control.”

 Y se añade al artículo 31, que trata de las federaciones regionales de Cajas, un nuevo apartado, el 5:

“Sin perjuicio de lo establecido en este Título, las Cajas de Ahorro podrán establecer, mediante resolución de su Consejo de Administración, acuerdos de colaboración o cooperación y alianzas con otras Cajas de Ahorros.”

 Aunque estas modificaciones de la LORCA están claramente orientadas a fortalecer las Cajas manteniendo su naturaleza jurídica, mediante el reforzamiento de su solvencia, rentabilidad y eficiencia con alianzas de entidades, lo que se está observando en los distintos procesos de integración en marcha (el primero cronológicamente en Castilla y León; el de Caja Navarra y General de Canarias; el de CAI, Insular de Canarias y Caja Rioja; o el de Caja Sol y Caja Guadalajara) es que el órgano central que crearían las Cajas participantes sería una sociedad anónima, bajo la forma de un banco o un establecimiento financiero de crédito.

 En conclusión: las Cajas integrantes trasladarían la mayor o gran parte de su actividad y capacidad de decisión a una sociedad central, lo que comporta un serio riesgo de desaparición como tales Cajas de Ahorros, si no se establecen las cautelas y garantías necesarias. En el supuesto de que se escogiera un establecimiento financiero de crédito (EFC), que es una figura que las Cajas han venido utilizando profusamente hasta ahora sin que se haya puesto en peligro su naturaleza jurídica, se eliminan ciertos riesgos, pues se evita la figura del banco.

 Pero, asimismo, y según para qué se desarrolle la figura del SIP, comporta una limitación, que es la diferencia principal con un banco, no pueden captar pasivo.

 Si la figura escogida fuera un banco, el riesgo de desnaturalización del modelo de cajas es evidente, y se ha puesto de manifiesto en la solución Cajastur-CCM con la creación del Banco Liberta. Sin embargo, es posible la integración de Cajas de Ahorros mediante fórmulas propias del sector que salvaguarden su naturaleza jurídica:

 Grupos de Cajas

Adoptar una estructura similar a la utilizada por las cooperativas de crédito, que contempla la figura del grupo cooperativo, que es perfectamente trasladable a las Cajas de Ahorros.

 Así, el artículo 78 de la Ley de Cooperativas 27/1999 regula las cooperativas de segundo grado, o agrupación de varias en un grupo cooperativo:

Artículo 78. Grupo cooperativo.

1. Se entiende por grupo cooperativo, a los efectos de esta Ley, el conjunto formado por varias sociedades cooperativas, cualquiera que sea su clase, y la entidad cabeza de grupo que ejercita facultades o emite instrucciones de obligado cumplimiento para las cooperativas agrupadas, de forma que se produce una unidad de decisión en el ámbito de dichas facultades.

2. La emisión de instrucciones podrá afectar a distintos ámbitos de gestión, administración o gobierno, entre los que podrían incluirse:

El establecimiento en las cooperativas de base de normas estatutarias y reglamentarias comunes.

El establecimiento de relaciones asociativas entre las entidades de base.

Compromisos de aportación periódica de recursos calculados en función de su respectiva evolución empresarial o cuenta de resultados.

3. La aprobación de la incorporación al grupo cooperativo precisará el acuerdo inicial de cada una de las entidades de base, conforme a sus propias reglas de competencia y funcionamiento.

4. Los compromisos generales asumidos ante el grupo deberán formalizarse por escrito, sea en los Estatutos de la entidad cabeza de grupo, si es sociedad cooperativa, o mediante otro documento contractual que necesariamente deberá incluir la duración del mismo, caso de ser limitada, el procedimiento para su modificación, el procedimiento para la separación de una sociedad cooperativa y las facultades cuyo ejercicio se acuerda atribuir a la entidad cabeza de grupo. La modificación, ampliación o resolución de los compromisos indicados podrá efectuarse, si así se ha establecido, mediante acuerdo del órgano máximo de la entidad cabeza de grupo. El documento contractual deberá elevarse a escritura pública.

5. El acuerdo de integración en un grupo se anotará en la hoja correspondiente a cada sociedad cooperativa en el Registro competente.

6. La responsabilidad derivada de las operaciones, que realicen directamente con terceros las sociedades cooperativas integradas en un grupo, no alcanzará al mismo, ni a las demás sociedades cooperativas que lo integran.

 Es perfectamente posible trasladar este sistema a las Cajas de Ahorros cuando, mediante un contrato de grupo similar al que contempla la Ley de Cooperativas, se garantice la participación de todos los sectores presentes en las cajas en el control y administración de dicho grupo, es decir una concepción histórica y dinámica del concepto de Responsabilidad Social en la Empresa.

 Creación de una asociación de Cajas según el modelo de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA)

 La CECA es considerada una entidad de crédito, al mismo nivel que los bancos, las Cajas de Ahorros, las cooperativas de crédito, los establecimientos financieros de crédito y las entidades de dinero electrónico en la nueva redacción hecha por el artículo 21.Undécimo de la Ley 44/2002, de Reforma del Sistema Financiero, que modificaba el Real Decreto Legislativo 1298/1986, por el que se adaptaba la normativa de establecimientos de crédito al ordenamiento jurídico de la Comunidad Económica Europea. En el decreto original la CECA no figuraba como tal.

 Si la CECA es una asociación de Cajas de Ahorros que engloba a las 45 Cajas actualmente existentes, nada impide que esta figura se aplique a agrupaciones de Cajas de ámbito más reducido, como la contraparte prevista para el sistema institucional de protección regulado por la Norma Decimoquinta de la circular del Banco de España 3/2008.

 Creación de una nueva Caja de Ahorros por un grupo de Cajas

 Como tercera opción para crear una entidad central que no revista las características de una sociedad anónima y preserve la naturaleza jurídica de las Cajas de Ahorros, está la creación de una Caja de Ahorros.

 Las Comunidades Autónomas regulan por ley la creación de las Cajas de Ahorros, que tan solo necesita la autorización del Gobierno Autónomo previo informe del Banco de España.

 Si un grupo de Cajas domiciliadas en diferentes Comunidades Autónomas decidiera crear una Caja de Ahorros, debería acogerse a la normativa de la Comunidad elegida como sede y a la LORCA.

 Modificaciones legislativas necesarias

 Somos conscientes de que el marco legislativo de cajas de ahorros necesitaría una reforma sistemática y de cierto alcance, fruto de reflexiones lo más compartidas posibles y que coadyuvaran a alcanzar el consenso necesario con el nuevo marco legal resultante. Y a ello parece responder la declaración y anuncio del Presidente del Gobierno de una próxima reforma de la LORCA en su comparecencia parlamentaria del día 2 de diciembre.

 Con independencia de que dicho proceso se vaya a iniciar, entendemos que en el momento actual, probablemente, el aserto “lo mejor es enemigo de lo bueno” es muy adecuado. Por ello, y para atender un proceso emergente y urgente que se está desarrollando en el marco de la reestructuración del sector de cajas y para que ésta se desarrolle como prevé el FROB, de manera ordenada, estimamos necesario que se realicen alguna modificación concreta en la LORCA y/o en el R.D. Legislativo 1298/1986 de 28 de Junio, sobre entidades de crédito, que garanticen que las operaciones de integración de cajas de ahorros que se desarrollen a través de un SIP, se enmarquen dentro del perímetro normativo de las cajas de ahorros y que no comporten riesgo de desnaturalización del modelo social de cajas de ahorros.

 A continuación les concretamos unas propuestas que de manera combinada o de forma alternativa, son funcionales al objetivo que les hemos enunciado:

Primera.- La redacción del apartado c) del artículo 1º.2 del R.D. Legislativo 1298/1986 de 28 de Junio, de adaptación del derecho vigente en materia de entidades de crédito al de las comunidades europeas, podría quedar así:

C) Las Cajas de Ahorro, así como las entidades que por acuerdos contractuales o por aplicación de norma legal se designen como cabecera de la Asociación o de la Agrupación de Cajas de ahorro que pudieran constituirse, siempre que dichas entidades sean también una Caja de Ahorros, una Federación o una Confederación de Cajas de Ahorro, y la CECA.

Segunda.- El artículo 19.2 de la LORCA ( Ley 31/1985, de 2 de Agosto) quedaría del siguiente tenor literal:

Art. 19.2 .El Consejo de Administración podrá delegar alguna o algunas de sus facultades de gestión en los órganos de gobierno de las entidades que constituyan y articulen alianzas entre Cajas de Ahorro o los creados al efecto en el seno de de la Confederación Española de Cajas de Ahorro, así como en las entidades que actúen como cabecera o representantes de Asociaciones o Agrupaciones de Cajas de Ahorro que pudieran constituirse, por acuerdos contractuales o por aplicación de norma legal, siempre que dichas entidades sean también una Caja de Ahorros, una Federación o una Confederación de Cajas de Ahorro.

Todo ello con la finalidad de reducir los costes operativos de las Cajas de Ahorro que las integren, para aumentar su eficiencia sin poner en peligro la competencia en los mercados nacionales o para participar con volumen suficiente en los mercados internacionales de capital.

Esta delegación se mantendrá en vigor durante el período de vigencia de la alianza, asociación o agrupación o mientras las Cajas de Ahorro integrantes de las mismas no acuerden su modificación mediante el procedimiento que previamente hayan establecido al efecto. Esta delegación no se extenderá al deber de vigilancia de las actividades delegadas ni a las facultades que respecto a las mismas tenga la Comisión de Control de cada Caja integrada.

 CONCLUSIÓN

Entendemos que estas medidas son sencillas, tendrían un amplio consenso y preservan a las cajas de ahorros de riesgos inmediatos de desnaturalización, que comportarían serios problemas a la economía española.

 Cuando el acceso a un bien social de todos desaparece y se lo apropian unos pocos, se producen fenómenos de exclusión social. Dicha exclusión genera conflicto. En España la desamortización de bienes sociales ha comportado no pocos problemas políticos y sociales en los últimos doscientos años.

 Somos conscientes que el reto de adaptar las cajas de ahorros a esta nueva situación transciende de la adopción de medidas tan concretas, pero también hemos de ser conscientes que tan importante como acertar en trazar un camino de reforma global es dar primeros pasos en la dirección correcta.

 El objetivo de CCOO, que compartimos con muchos otros, es que dentro de treinta años y más, existan unas entidades de crédito que no sólo se llamen, sino que sean Cajas de Ahorros y para ello han de preservar su Modelo Social: 

• · Participación social y de la ciudadanía en la administración y control de la gestión.
• · Reversión social de una parte significativa del beneficio en forma de Dividendo Social (Obra Social)
• · Inclusión Financiera como garantía de acceso a los servicios financieros de los sectores sociales con mayores dificultades económicas y Desarrollo Económico de las zonas geográficas en donde desarrollan su actividad.

 Serán distintas a las actuales, como las actuales lo son a las de hace treinta años o a las creadas en el S XIX, pero serán; y seguirán cumpliendo su ya histórica función social. Si las cajas de ahorros anticiparon lo que hoy llamamos RSE, sería un grave error que el proceso de reestructuración en curso las apartase de la Economía Sostenible y Socialmente Responsable que hoy se quiere impulsar en España.

 Madrid, diciembre 2009